El Gobierno peruano amplió la aplicación del estado de emergencia a nuevas zonas del país, esta vez por 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés, en la región costera de Ica, al sur de Lima. La medida responde al aumento de la criminalidad en esas jurisdicciones.

Durante este período, se suspenden cuatro derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión. La Policía Nacional asume el control del orden público con apoyo de las Fuerzas Armadas, y cualquier concentración de personas debe contar con autorización previa de las autoridades.

Esta expansión del estado de emergencia ya se había aplicado a provincias de Tumbes y La Libertad, y se suma a las medidas que rigen desde hace tiempo en Lima y el Callao, donde las operaciones contra la delincuencia se intensificaron.

El plan oficial incluye refuerzos en cárceles: control militar en vigilancia, pruebas de polígrafo al personal de custodia, desmontaje de antenas ilegales e instalación de bloqueadores de señal electrónica para impedir comunicaciones de organizaciones criminales dentro de los centros penitenciarios.