El Gobierno nacional adjudicó los primeros 9.000 kilómetros de rutas concesionadas, con un resultado que concentra el negocio de los peajes en pocas manos. Solo tres grupos empresariales se quedaron con el 60% de la recaudación total.

Los concesionarios cobrarían anualmente $518 mil millones en peajes, lo que significa un negocio de unos $10 billones durante los 20 años que dura el contrato. El ministro de Economía, Luis Caputo, aún no ha asignado fondos para el mantenimiento de estos corredores.

El principal ganador es el grupo Cartellone, comandado por Alejandro Cartellone, que controla dos empresas adjudicatarias. A través de Autovía Construcciones y Servicios se quedó con el Tramo Oriental (rutas 12, 14, 135, A015 y 117) por $97,4 mil millones anuales, mientras que obtuvo además el Tramo Noroeste por $21,3 mil millones. En total, Cartellone recibirá $135 mil millones por año.

Su otra firma, José Cartellone Construcciones Civiles SA, ganó el Tramo Centro Norte con una adjudicación de $16 mil millones anuales. Sin embargo, esta empresa aparece en la central de deudores del Banco Central con una deuda irrecuperable hacia el Banco Nación superior a los $16 mil millones.

En segundo lugar quedó un consorcio liderado por Sebastián Galluzzo con empresas como Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco. Ganaron el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Ricchieri y Jorge Newbery, así como rutas nacionales 3, 205 y 226. Este es el corredor de mayor recaudación con $128 mil millones anuales.

Completó el podio la unión Basaa-Cecosa, encabezada por Horacio Miró, con el Tramo Puntano que genera $36 mil millones al año.

Otras adjudicaciones incluyeron a Obring, Pitón y Rovial para dos tramos en la zona de Santa Fe, Chaco y Entre Ríos, con $12 mil millones anuales.

Más allá del cobro de peajes, los pliegos contemplan aumentos tarifarios regulares y facultan a las empresas a desarrollar emprendimientos comerciales en las áreas concesionadas: estaciones de servicio, paradores, hoteles, locales gastronómicos, infraestructura de telecomunicaciones y depósitos fiscales, entre otros servicios.

El Estado recibirá, por su parte, un ingreso tributario mínimo de $109 mil millones anuales en concepto de IVA.