El gobierno nacional impulsará una reforma a la Ley de Cabotaje para permitir que barcos extranjeros operen en puertos argentinos con permisos temporarios. El anuncio lo hizo el presidente Milei este domingo ante la Sociedad Rural Argentina.
La modificación busca reducir costos logísticos y potenciar la actividad portuaria. Entre las principales medidas está la flexibilización de exigencias sobre tripulación nacional —inicialmente eximiendo esta obligación los primeros 90 días, con escala gradual hasta 75% al año— y la eliminación de aranceles para importar buques nuevos o de hasta 20 años de antigüedad.
El gobierno argumenta que la reforma ataca la insuficiencia de barcos locales para mover la producción interna y busca resolver cuellos de botella en la hidrovía que afectan a economías regionales.
No todos apoyan la iniciativa. Desde la oposición, la diputada nacional Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un proyecto contrario: declarar la Vía Navegable Troncal del Río Paraná como bien de Interés Público Nacional. Su propuesta busca frenar privatizaciones en el sector fluvial y garantizar que el dragado, control operativo y administración del comercio exterior permanezcan bajo soberanía estatal.
El proyecto oficialista enfrenta un debate legislativo que promete dividir aguas entre posturas de desregulación y protección de recursos estratégicos nacionales.
