El presidente Javier Milei lanzó este jueves una estrategia oficial contra la exploración petrolera en Malvinas. Sin embargo, la reacción llega tarde: el Gobierno supo desde diciembre de 2025 que la empresa Sea Lion tomaría la decisión de invertir, pero esperó nueve meses para actuar.
Según los tiempos reales, la perforación comenzará en 2027 y el primer barril extraído llegaría en 2028. Pero Argentina contaba con herramientas legales disponibles hace años: la ley 26.915, sancionada en 2013, prevé penas de cinco a quince años de prisión para quien explore o explote petróleo sin autorización argentina. Rockhopper está inhabilitada desde 2013 y Navitas desde 2022.
El Ejecutivo anunció sanciones contra lo que la Justicia ya investiga. Diputados presentaron denuncias penales a finales de julio, y veteranos del CECIM acudieron a tribunales en Río Grande. La pregunta sin respuesta es si la Cancillería o la Procuración del Tesoro se presentaron en esas causas.
En los últimos dos años, funcionarios argentinos habían dicho lo opuesto: la excancel Diana Mondino calificó de "feudal" imponer decisiones a los isleños, se reunió con David Cameron y firmó acuerdos de vuelos y cooperación pesquera que generan dudas sobre la firmeza de la posición argentina.
La base naval que el presidente presentó como novedad comenzó a construirse en marzo de 2022 y, según reportes oficiales, tiene solo un 9,13% de avance físico.
