El proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional" que presentó el presidente Javier Milei a través de cadena nacional hace más de un mes enfrenta más obstáculos de lo que esperaba el Gobierno para avanzar en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que centra su narrativa en acciones contra depredación de recursos en Islas Malvinas, fue frenada en la firma del dictamen durante la sesión de comisiones que se realizó este miércoles. El cuestionamiento no se limita solo al articulado sobre sanciones a empresas, sino que abarca otras secciones de la ley que generan resistencia en bloques opositores.

El Gobierno cedió parcialmente: retiró el artículo 111, que penalizaba "alterar procesos electorales" y "manipular la opinión pública" mediante campañas de desinformación o colaboración con sabotaje extranjero. Sin embargo, las críticas continúan enfocadas en otros puntos: las atribuciones del Consejo de Seguridad, protocolos de derribo de aeronaves, y la definición vaga de conceptos como "amenaza externa" o "actividad terrorista", que opositores señalan podrían usarse para reprimir disidencia interna.

Diputados de distintos bloques advirtieron sobre el alcance del proyecto. La legisladora de Coalición Cívica Mónica Frade advirtió que el "corazón del proyecto tiene que ver con control social y político". Desde la izquierda, Myriam Bregman lo comparó con normativas de la dictadura de Onganía, mientras que el socialista Esteban Paulón alertó sobre un posible "estado de sitio no legislado".

La iniciativa no fue incluida en la convocatoria para sesión especial del 21 de octubre, dejando margen para negociaciones. Desde La Libertad Avanza aclararon que no habrá cambios sustanciales en la estructura central del proyecto.