Las empresas mayoristas del país salieron a criticar con dureza la reglamentación del Decreto 612/2026, que modifica nuevamente cómo se manejan los aportes que las compañías deben hacer por cada trabajador. La punta de lanza fue la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que apuntó directamente al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El conflicto tiene raíces en los costos laborales del sector comercial. Según CADAM, las empresas están obligadas a contribuir al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso cuando el trabajador no recibe capacitación alguna. Eso genera una recaudación superior a $30.000 millones anuales, que se distribuye entre cámaras empresarias a las que muchas compañías nunca decidieron afiliarse voluntariamente.

La cámara mayorista dice que el nuevo decreto desvirtuó lo que prometía la reforma laboral. El Decreto 612/2026 establece que esos aportes deben destinarse exclusivamente a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales. Pero CADAM advierte que sigue siendo un mecanismo obligatorio, aunque cambió de forma.

"Si el objetivo era terminar con cargas que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que se vuelva a introducir por vía reglamentaria precisamente ese efecto", plantea la entidad.

El nudo del reclamo es claro: los mayoristas no se oponen a que las cámaras empresarias reciban aportes, sino a que esos pagos sean obligatorios y establecidos mediante convenios colectivos en los que, según CADAM, la empresa no tiene voz ni voto.