El arresto de Devin Jacob Ballard, soldado estadounidense de 20 años destinado en la base aérea de Futenma, desató una crisis diplomática entre Tokio y Washington. El marino es acusado de haber asesinado a Anna Yagi, una mujer japonesa de 39 años, en un hotel de Naha, así como de robarle sus pertenencias. Ballard rechaza los cargos.
La Primera Ministra Sanae Takaichi condenó el hecho con dureza, describiéndolo como un crimen "extremadamente brutal". El gobierno nipón presentó una protesta formal ante Washington y exigió máxima colaboración en la investigación además de garantías para evitar nuevos hechos similares.
Cámaras de seguridad del hotel registraron al sospechoso entrando junto a la víctima y saliendo tiempo después portando sus pertenencias, según reportes de la prensa local.
El embajador estadounidense en Japón, George Glass, expresó sus condolencias a la familia de Yagi y confirmó que su país brindará "plena cooperación" a las autoridades japonesas en el caso.
El incidente abre una nueva herida en Okinawa, una isla donde viven casi 54.000 efectivos estadounidenses —incluidos unos 18.000 marines— y donde existe un rechazo profundo y sostenido a la presencia de bases norteamericanas. A lo largo de las décadas, delitos cometidos por militares estadounidenses, sumados a quejas por ruido, contaminación y la saturación de instalaciones castrenses, han generado protestas periódicas entre los residentes locales.
La isla, considerada estratégica por su proximidad a China y Taiwán, sigue siendo un punto crítico en la relación bilateral entre Tokio y Washington.




