La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González fue detenida en la provincia de Manabí y trasladada a un cuartel en Guayaquil, donde la Fiscalía solicitó mantener su prisión preventiva. La investigación la vincula con presuntos irregularidades en el financiamiento de su campaña presidencial de 2023 y supuesto lavado de activos.

A través de redes sociales, González rechazó los cargos y acusó al Gobierno del presidente Daniel Noboa de persecución política. "Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda", escribió, argumentando que responderá con dignidad y que las libertades y derechos políticos en Ecuador enfrentan ataques permanentes.

La política de 48 años también criticó la gestión actual del país, señalando que el Gobierno ha llevado a Ecuador "al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales". En su mensaje, llamó a la unidad para recuperar la libertad y la democracia.

Su equipo legal denunció graves violaciones al debido proceso: no se precisó su ubicación exacta y se les impidió acceso a su defensa técnica, lo que califican como vulneración de derechos humanos fundamentales.

La detención de González generó movilizaciones de apoyo en el exterior. El expresidente Rafael Correa difundió convocatorias a manifestaciones solidarias programadas para el sábado 24 de octubre en Madrid y Nueva York, con la consigna de resistencia y respaldo público.