Argentina arrastra centenares de disputas territoriales entre provincias que llegan a la Corte Suprema de Justicia. Según datos oficiales del máximo tribunal, existen alrededor de 110 expedientes por conflictos interprovinciales, además de 70 demandas provinciales contra el Estado Nacional por diversos reclamos.

El origen del problema está en la letra de la ley: apenas el 14% de los límites entre provincias fue fijado mediante leyes aprobadas por el Congreso Nacional, como ordena la Constitución. El restante 86% se rige por un entramado complejo de decretos, muchos de ellos originarios de las dictaduras que atravesó el país, lo que genera dudas sobre su legitimidad.

Más allá de las líneas en un mapa, estas disputas involucran recursos estratégicos concretos: agua, minería, energía, logística y turismo. Algunas causas se atascan en los cajones del Congreso. Otras se resuelven mediante negociación política entre gobernadores, independientemente de su signo político.

En el camino ha habido de todo: policías provinciales enfrentados en la cima de una montaña, escuelas oficiales de una provincia ubicadas dentro de otra, intentos de "reconquista" simbólica y declaraciones cruzadas. También surgen preguntas jurídicas nuevas cuando la naturaleza o las obras humanas crean islas o formaciones geográficas que antes no existían y nadie sabía de quién eran.

La Constitución Nacional establece que ninguna provincia puede hacer la guerra a otra. Sus diferencias deben resolverse en la Corte Suprema. Pero la realidad muestra que muchas de esas disputas siguen abiertas, atrapadas en un laberinto legal y político sin salida consensuada a la vista.