El penal de La Rioja aloja a 552 internos en un establecimiento diseñado para 287, lo que representa casi el doble de su capacidad operativa. La cifra, confirmada por la directora del Servicio Penitenciario, Analía Tello, refleja un déficit de 265 plazas.

El problema se agudiza porque el proyecto para construir un nuevo edificio carcelario está paralizado. Según Tello, la Provincia de La Rioja no cuenta con presupuesto para financiar la obra y requiere recursos del Gobierno nacional.

Las condiciones actuales contrastan con relevamientos anteriores. Datos de 2024 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena registraban 478 personas con una capacidad declarada de 408 plazas, reflejando una sobreocupación menor al 20%. El aumento reportado ahora muestra el agravamiento de la situación en menos de un año.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura ya había advertido sobre las deficiencias en el penal riojano. En su informe de 2024, el organismo cuestionó la cantidad y calidad de servicios esenciales: higiene, alimentación y atención sanitaria. También recomendó fortalecer los equipos que atienden las demandas de las personas detenidas y mejorar los protocolos de prevención de suicidios.

La sobrepoblación es responsabilidad de la administración de Ricardo Quintela, quien debe gestionar la crisis de infraestructura con recursos limitados.