La provincia de La Pampa presentó una medida cautelar ante la justicia federal para paralizar los efectos de un decreto del gobierno nacional que le transfirió a Mendoza la totalidad de las regalías que provenían de la represa hidroeléctrica Los Nihuiles.

El gobernador Sergio Ziliotto impulsó la acción para que se mantenga provisionalmente el esquema de distribución vigente hasta que un fallo definitivo resuelva el conflicto de fondo entre las provincias y la Nación.

La Pampa sostiene que sus derechos sobre esas regalías se encuentran protegidos por el Decreto Nacional N°1560/73 y especialmente por un convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según el argumento provincial, ninguna de las partes podría modificar unilateralmente los compromisos allí asumidos.

La provincia caracteriza el decreto presidencial como un "avasallamiento a las autonomías provinciales" que causa un perjuicio directo a las finanzas provinciales, lesionando derechos patrimoniales que fueron adquiridos legalmente hace décadas.

El tiempo también juega a favor de La Pampa en su reclamo: el decreto se dictó apenas dos semanas después de que la Corte Suprema citara a la provincia en la causa que tramita entre Mendoza y la Nación, lo que le permite argumentar que existe un riesgo de consolidación de un nuevo esquema si no interviene la justicia.

La Pampa busca que la medida cautelar preserve temporalmente el régimen de distribución que rigió durante décadas, mientras se espera una decisión judicial definitiva. Desde el gobierno nacional sostienen que necesitan resolver esta diferencia para avanzar en la licitación de la represa.