El gobierno de La Pampa se rehúsa a divulgar el contrato que regula las apuestas online de Casino Club, argumentando que hacerlo perjudicaría los intereses comerciales de la empresa. La Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS) rechazó entregar el documento, y la negativa fue llevada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Los números explican por qué el caso ganó relevancia pública: solo en abril, los pampeanos apostaron casi $4.200 millones en la plataforma. A ese ritmo, el movimiento anual podría rondar los $50.000 millones, y el Estado recibe ingresos distribuidos entre la provincia y los municipios.

El pedido de información lo realizó Julián Angelucci, referente de Avanzar Juntos–Coalición Cívica, quien solicitó conocer tanto el contrato vigente como los resultados completos de la explotación digital. DAFAS rechazó argumentando secreto comercial.

El conflicto no es menor. El documento oculto contiene las obligaciones completas de Casino Club, la fórmula para calcular el canon variable, los controles de auditoría y las medidas de prevención de ludopatía. Aunque la provincia publica cifras agregadas periódicamente, el contrato es lo que define derechos, sanciones, plazos y mecanismos de revisión.

El Observatorio Provincial de Drogas encontró que el 20% de los estudiantes secundarios apostó dinero online al menos una vez durante el último año. El mismo organismo relevó a 3.341 alumnos de 38 escuelas y alertó sobre el crecimiento de las apuestas entre adolescentes como nuevo consumo problemático.

El problema administrativo es que DAFAS priorizó la protección económica del operador privado por encima del derecho ciudadano a examinar las condiciones bajo las cuales se explota el juego. La existencia de una plataforma legal no elimina los riesgos de acceso de menores ni conductas compulsivas, por eso no es un dato corporativo cuánto invierte Casino Club en controles de edad, alertas y límites de depósito: es información de interés público.

La presentación ante la Fiscalía no acredita irregularidad penal ni incumplimiento contractual de Casino Club. Lo que sí está documentado es que un organismo estatal negó transparencia sobre un negocio concesionado por el Estado, y la controversia ya trasladó a una instancia formal de control administrativo.