Un juez federal falló a favor de la Universidad de Buenos Aires y ordenó al Gobierno que cumpla de inmediato con el financiamiento establecido en la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión llega tras rechazar los argumentos del Ejecutivo sobre la suspensión de la norma.

El juez Martín Cormick, del Juzgado Nacional de Primera Instancia Contencioso Administrativo Federal, aceptó una cautelar presentada por la UBA contra el Decreto 759/2025 que frenaba la aplicación de la ley.

La universidad argumentaba que el decreto suspendía la norma sin base legal, lo que consideraba un fraude constitucional. El magistrado coincidió: señaló que una vez rechazado el veto presidencial en el Congreso, el Ejecutivo estaba obligado a implementar la ley, sin posibilidad de suspender su aplicación.

Cormick también consideró que frenar el financiamiento genera perjuicios graves e irreparables para los docentes y no universitarios, especialmente por la pérdida de poder adquisitivo. Además, enfatizó que vulnera los derechos constitucionales de enseñar y aprender.

Sobre el impacto fiscal, el juez fue claro: estimó que la medida representaría solo el 0,23 % del PBI, un ahorro insignificante en el presupuesto total de la administración pública.

El fallo se produce en el contexto de un acta firmada en junio entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional, donde se comprometían transferencias para un aumento salarial del 24,33 %. El Ejecutivo argumentaba que ese acuerdo eliminaba la necesidad de la cautelar, pero Cormick determinó que el Estado no demostró haber cumplido efectivamente con los compromisos.