Italia desplegará 500 soldados en Milán hasta finales de año tras una serie de enfrentamientos violentos que sacudieron la ciudad durante el fin de semana pasado. La medida forma parte de un conjunto de decisiones del Gobierno de Giorgia Meloni para reforzar la seguridad en el país.
El Ejecutivo italiano aprobó un decreto con nuevas normas que tipifican como delito penal la participación violenta en manifestaciones. Quienes incurran en esto enfrentarán penas de hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 20.000 euros (aproximadamente 22.500 dólares).
Las sanciones se endurecerán también para quienes se cubran el rostro durante protestas, lesionen a personas u ocasionen actos destructivos en grupo. El decreto incorpora además medidas para detención preventiva de menores considerados una amenaza antes de manifestaciones, y establece que los padres pueden ser responsables financieramente por los daños causados por sus hijos.
"Protestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no", señaló Meloni en un video difundido en redes sociales. Durante los disturbios del fin de semana se registraron saqueos, rotura de escaparates y agresiones a efectivos de seguridad en Milán y otras ciudades italianas.
