Irán ejecutó esta semana a dos hombres identificados como Abolfazl Sepahi-Badjani y Amirhossein Safari-Hosseinabadi, acusados de participar en el asesinato de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad en la plaza Alikhani de Isfahán el 8 de enero pasado, según informó Mizan, el organismo de comunicación del poder judicial iraní.
Las ejecuciones ocurren dentro de una serie de condenas a muerte que han continuado meses después de las protestas antigubernamentales que estallaron en enero. De acuerdo con un panel de expertos de las Naciones Unidas, al menos 24 personas han sido ejecutadas por delitos relacionados con esas manifestaciones.
Los organismos internacionales expresaron preocupación por las irregularidades en los procesos. Doce condenados a muerte asistieron a una única audiencia, realizada en sala cerrada, sin que se especificara la responsabilidad individual de cada acusado. Los expertos de la ONU señalaron que esto viola las normas de juicios justos.
Human Rights Watch reportó esta semana que al menos 50 personas fueron ejecutadas en los últimos cuatro meses bajo lo que la organización describe como cargos vagos relacionados con la seguridad nacional. Teherán negó previamente las acusaciones de abusos contra prisioneros y su delegación no respondió consultas de la prensa en Ginebra.
