El Gobierno está reformulando el proyecto de Inocencia Fiscal II tras presiones del Congreso, principalmente luego del escándalo que protagonizó el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. La pareja se acogió al régimen simplificado de Ganancias en junio de 2026 antes de presentar sus declaraciones juradas, lo que desató críticas y cuestionamientos sobre la integridad del sistema.

Para desbloquear la iniciativa en Diputados, la administración nacional negocia una exclusión específica: los funcionarios públicos podrán usar el esquema simplificado para poner al día sus obligaciones tributarias, pero no accederán a las presunciones ni a los efectos liberatorios que el proyecto ofrece a los contribuyentes comunes.

La restricción busca frenar el uso del régimen por parte de quienes ejercen o ejercieron cargos públicos, de modo que no puedan justificar fondos no declarados previamente. El cambio forma parte de las conversaciones que el Gobierno mantiene con diputados de bloques aliados en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal.

Además de la exclusión de funcionarios, se revisan otras condiciones del acceso al régimen y los mecanismos para regularizar diferencias que detecte la AFIP. El proyecto original apuntaba a facilitar la formalización de ahorros fuera del sistema mediante un esquema de fiscalización simplificada de Ganancias.