El Ejecutivo estableció un tope anual de $27.200 millones para devolver créditos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a empresas de servicios públicos que reciben subsidios o compensaciones tarifarias del Estado.

La medida, formalizadas a través de la Resolución 1759/2026 publicada en el Boletín Oficial, fija los cupos de recupero de créditos fiscales para el ejercicio 2025 y ejercicios anteriores pendientes de procesar.

La distribución del fondo favorece claramente al sector energético: recibirá $24.500 millones (el 90% del total), mientras que transporte accede a $2.500 millones y las demás actividades apenas $200 millones.

El régimen aplica a empresas cuyas tarifas se mantienen reducidas porque el Estado les transfiere subsidios o compensaciones, ya sea directamente o mediante fideicomisos. El objetivo es devolverles créditos de IVA pagados en compras, importaciones, obras y servicios vinculados a su operación.

La norma cubre reclamos con base en saldos acumulados durante 2025 y también permite procesar deudas de años anteriores que no hayan sido resueltas dentro de los límites máximos de cada período.

Esta disposición mantiene la continuidad de esquemas de distribución anual que funcionan desde 2019.