El Gobierno descalificó el paro universitario realizado este miércoles, argumentando que se trata de una medida política sin justificación económica concreta. Desde la administración Milei sostienen que ya cumplieron con los compromisos laborales pactados en junio con los gremios docentes y no docentes.

Según lo acordado en la paritaria del 10 de junio, las conversaciones sobre actualización de haberes se retomarán a principios de septiembre. El Gobierno señala que los aumentos salariales se están abonando en tiempo y forma, y destaca que superaron la inflación del período.

El oficialismo también cuestiona el alcance de la protesta: en Buenos Aires se sintió principalmente en la Universidad de Buenos Aires, pero en el interior del país las clases se dictaron con normalidad, según la versión oficial.

La tensión de fondo es la batalla judicial por la Ley de Financiamiento Universitario. La UBA presentó un recurso de cautelar pidiendo que se aplique la normativa, que incluye aumentos salariales y recomposición de becas. El juez Martín Cormick convocó para el 21 de agosto a una audiencia entre el Poder Ejecutivo y las universidades en busca de acuerdo, algo que hoy parece poco probable.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene su posición: exige que se cumpla la ley aprobada por el Parlamento. Desde Capital Humano aseguran que hay fondos disponibles para ejecutar lo que determine la Justicia, pero insisten en que la normativa "rompe el equilibrio fiscal".