El oficialismo avanza con medidas concretas para cerrar la crisis que dejó casi un centenar de muertes por un lote de fentanilo contaminado hace más de un año. Entre los movimientos más importante está un proyecto de ley que ya tiene dictamen y busca crear un sistema nacional de alerta rápida para medicamentos de riesgo.
La iniciativa, impulsada por la diputada Silvana Giudici y ajustada técnicamente por el Ministerio de Salud, apunta a evitar lo que pasó: el silencio entre organismos y la falta de trazabilidad que permitió que se distribuyera un medicamento letal sin controles efectivos. ANMAT y el Ministerio de Seguridad quedaron expuestos públicamente por esos agujeros.
Además del proyecto de ley, el Gobierno se propone reforzar y profesionalizar tanto ANMAT como el Instituto Nacional de Medicamentos. Esperan hacer anuncios en las próximas semanas. Las dos ex directoras, Nélida Agustina Bisio y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ya fueron procesadas. El empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, apela su procesamiento ante la Cámara Federal de La Plata.
El juez federal Ernesto Kreplak sigue la investigación para determinar responsabilidades. Entre los procesados hay 13 implicados más en la trama que distribuyó el fentanilo adulterado.
