Diputados provinciales de Catamarca presentaron una denuncia penal de 80 páginas contra el gobierno de Raúl Jalil por la ejecución fallida del gasoducto Lavalle-Catamarca, obra que quedó inconclusa tras invertir casi $6.400 millones en un proyecto destinado a abastecer a más de 120.000 habitantes.
Los legisladores Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero formalizaron la presentación el pasado miércoles. El escrito busca investigar el destino de los fondos, el estado de los materiales y las decisiones administrativas que llevaron al abandono de la obra.
El proyecto comenzó el 28 de septiembre de 2022 con un plazo estimado de dos años. Para mayo de 2023, mientras el cronograma marcaba un avance del 34 por ciento, la medición oficial apenas llegaba al 3,90 por ciento. La provincia aplicó entonces una multa de $1.963 millones y rescindió el contrato en abril de 2024.
El gobierno adquirió cerca de 5.000 caños de 25 centímetros de diámetro a través de la firma SIAT-Tenaris por más de $1.800 millones. La ubicación de esos materiales es uno de los puntos que plantean los denunciantes.
En junio de 2026, el gobierno llegó a un acuerdo con la contratista MEGA SRL que dejó sin efecto la sanción de $2.000 millones y retiró a la empresa del registro de incumplidores. Bajo ese convenio, la firma debía reintegrar $301.267.618,35.
La denuncia constituye una acusación de la oposición y no una sentencia. Su peso político radica en que el contrato fue efectivamente rescindido, el avance quedó muy por debajo del cronograma y el gobierno cerró posteriormente un convenio que benefició a la contratista.
