La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reafirmó su posición contraria a la Educación Sexual Integral (ESI) y reveló que ha recibido amenazas de muerte dirigidas también a su familia, tras cuestionar la aplicación de este programa en las escuelas.
La funcionaria sostiene que la ley vigente impone lo que ella denomina una "ideología de género" y propone modificar la normativa para eliminar lo que considera "adoctrinamiento ideológico". Según su perspectiva, la reforma debería basarse exclusivamente en criterios biológicos para definir el sexo.
Respecto a las amenazas recibidas, la funcionaria las interpretó como un intento de "disciplinarla" por mantener su discurso sobre las definiciones sexuales. Aclaró que no busca juzgar las distintas orientaciones sexuales, sino establecer límites a lo que califica como políticas identitarias en la educación.
En declaraciones anteriores, criticó fuertemente el programa vigente, citando ejemplos controvertidos sobre cómo la escuela respondería ante conductas de niños pequeños. Estos ejemplos fueron cuestionados por organismos de educación, que señalaron que las situaciones descritas no reflejan prácticas reales en las aulas.
La funcionaria también expresó su apoyo para terminar con tratamientos de hormonización en menores y simplificar los trámites de cambio de sexo en documentos de identidad para adolescentes sin consentimiento de los padres.
