El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reconoció esta semana el alcance de la crisis educativa que atraviesa el país: las protestas convocaron entre 266.000 y 450.000 personas según diferentes fuentes, y dejaron 413 establecimientos educativos ocupados por estudiantes secundarios.
El Gobierno francés confirmó además 6.500 detenciones durante las manifestaciones, muchas de ellas relacionadas con enfrentamientos en inmediaciones de escuelas. Lecornu remarcó que las fuerzas de seguridad no tienen instrucciones de reprimir estudiantes, diferenciando entre manifestantes pacíficos y posibles autores de actos violentos.
Como respuesta a las demandas estudiantiles, la administración francesa anunció un aumento de 1.200 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Educación, elevándolo a 64.000 millones anuales. El Ejecutivo activó cinco líneas de trabajo enfocadas en: reemplazo de docentes faltantes, infraestructura escolar, reorganización del calendario académico y reformas en Parcoursup, la plataforma de admisión a universidades criticada por su falta de transparencia.
Los sindicatos de educación franceses consideran insuficientes estas medidas y convocaron nuevas jornadas de huelga. Lecornu también apuntó contra dirigentes políticos acusándolos de instrumentalizar la ira de los jóvenes para objetivos electorales.
En paralelo, la fiscalía de Vesoul abrió una investigación por intento de homicidio contra un agente policial acusado de haber sumergido la cabeza de un estudiante en agua durante una detención en una manifestación.
