Un juez federal de La Plata determinó que no hay pruebas suficientes para acusar al ministro de Salud Mario Lugones en la investigación por el fentanilo contaminado que dejó cerca de 100 muertes.
El magistrado Ernesto Kreplak señaló en su resolución que aunque Lugones conocía la situación general de los laboratorios investigados, sus decisiones políticas apuntaban justamente a cerrar esos establecimientos, no a permitir su funcionamiento irregular.
"No hay elementos suficientes para sostener que esas decisiones políticas del titular de la cartera hubieran podido favorecer la ocurrencia de los hechos", concluyó el juez en su fallo.
La investigación gira en torno a dos empresas: HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., cuyos productos fueron adulterados con fentanilo contaminado.
El mismo martes, Kreplak procesó a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), y a Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME (Instituto Nacional de Medicamentos), a quienes considera partícipes necesarias en el delito de adulteración de sustancias medicinales.
El punto clave de la sentencia radica en una contradicción que sigue siendo investigada: mientras el Ministerio de Salud ordenaba el cierre de esos laboratorios, dentro de los organismos de control sucedió algo diferente que permitió el funcionamiento y la contaminación de los medicamentos.
