Ariel García Furfaro, principal acusado en la causa que investiga al menos 90 muertes vinculadas al suministro de fentanilo contaminado, vive bajo un esquema de privilegios dentro de la cárcel de Marcos Paz, casi un año después de su detención.

El dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo cuenta con celda individual, acceso a televisores de última tecnología, asados semanales y reuniones de negocios periódicas. Ubicado en el pabellón 6, su rutina incluye actividad física y encuentros gastronómicos con mercadería que ingresan mediante camionetas particulares, según testimonios de familias de otros reclusos.

Una verdulería de su propiedad en el barrio porteño de Flores ha suministrado alimentos especiales. Además, mantiene contacto regular con su hermano Damián y su contador Diego Castrillón para monitorear sus negocios: una fábrica de cables, desarrollos inmobiliarios y la construcción de una planta de productos biológicos en Paraguay.

La causa judicial avanza con nuevos detalles. La Justicia arrestó y luego liberó bajo fianza de 150 millones de pesos a Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumado, ex directivas de la ANMAT, acusadas de haber brindado "cobertura" a las empresas del imputado.

Los abogados defensores presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, cuestionando que los dictámenes forenses hayan comprobado formalmente que las bacterias en las ampollas causaron directamente los decesos.

García Furfaro tiene antecedentes penales: cumplió condena por tentativa de homicidio entre 2002 y 2009, período en el que obtuvo el título de abogado. Su legajo también registra denuncias por estafas en la adquisición de HLB Pharma y episodios violentos en sedes judiciales.