A partir de noviembre comienza a regir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los mecanismos aprobados en la reforma laboral que modificará cómo se financian las indemnizaciones por despido en Argentina.

El esquema funciona así: cada empresa deberá girar un porcentaje de sus aportes patronales hacia inversiones en el mercado de capitales. Las grandes empresas aportan el 1% mensual sobre la masa salarial, mientras que las PyMEs contribuyen con el 2,5%. Durante los primeros seis meses, este dinero se acumulará en fondos individuales. Recién en mayo de 2027 podrán usarse para pagar indemnizaciones.

Cada empleador elige entre dos estructuras para administrar su fondo: un Fondo Común de Inversión (FCI) o un Fideicomiso Financiero (FF). Los bancos y las sociedades de bolsa serán quienes gestionen estos instrumentos, con autorización de la Comisión Nacional de Valores.

Dónde se invierte el dinero

Los fondos se distribuyen entre cuatro opciones: títulos públicos nacionales y provinciales (las provincias tienen un límite de 15%), plazos fijos (máximo 15%) y obligaciones negociables (hasta 20%). Sin embargo, la deuda nacional no tiene tope, lo que permite que una empresa coloque hasta el 100% en títulos del Estado.

Analistas señalan que esta flexibilidad podría permitir al Gobierno captar aproximadamente US$ 4.000 millones a través de estas colocaciones.

Para invertir en deuda provincial o empresaria, rigen restricciones más estrictas: solo es posible en jurisdicciones y compañías con calificación de "triple AAA" según dos de las tres principales agencias de riesgo (S&P, Fitch y Moody's).

Actualmente, ninguna provincia cumple ese requisito —salvo la Ciudad de Buenos Aires— y apenas ocho empresas lo logran: los bancos Macro, Galicia, BBVA y Santander; YPF, Pampa Energía, Pan American Energy y Adecoagro.

La Comisión Nacional de Valores mantiene abierta una consulta pública sobre la reglamentación completa del FAL mientras se acerca la fecha de implementación.