El gobierno nacional implementó desde hoy una nueva resolución que obliga a los extranjeros sin residencia permanente a contar con un seguro médico válido o pagar directamente para ser atendidos en los hospitales públicos.
La medida, formalizada a través de la Resolución 1066/2026 firmada por el ministro de Salud Mario Lugones, establece que quienes no acrediten residencia permanente deberán presentar comprobante de cobertura sanitaria o abonar el arancel antes de recibir atención.
El vocero presidencial Adrián Ravier explicó que en los casos donde el extranjero carezca de seguro o este sea insuficiente, el hospital exigirá el pago previo a la prestación. Sin embargo, aclaró que en situaciones de riesgo de vida, la atención de emergencia seguirá siendo garantizada sin costo.
Desde la administración nacional justificaron la decisión argumentando que permite evitar que pagadores de impuestos financien la salud de personas que no residen, no trabajan ni tributan en el país. Ravier recordó que en 2025 ya se había habilitado a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros.
