Un tribunal federal en San Martín condenó a diecinueve expolicías bonaerenses y seis civiles por integrar una red delictiva que extorsionaba a sospechosos de narcotráfico, falsificaba procesos judicales y se apropiaba de cargamentos de droga para venderlos.

Las penas alcanzaron hasta 17 años de prisión tras casi dos años de juicio. Los condenados trabajaban en las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro, donde utilizaron recursos estatales para controlar el mercado clandestino y elegir arbitrariamente a sus víctimas.

Uno de los casos más graves juzgados fue la operación denominada "Leones blancos", en diciembre de 2013 en una propiedad del partido de Moreno. Los policías fingieron incautar casi media tonelada de cocaína a partir de una denuncia anónima falsa, mientras que se quedaban con otro medio tonelada que viajaba en un vehículo. La droga sustraída, valuada entre 2,6 y 2,8 millones de dólares, fue trasladada a Santa Clara del Mar para distribuirse en la costa atlántica e internacionalmente.

Los máximos castigados fueron el comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta, quienes recibieron las condenas más altas por falsificación de documentos públicos, peculado y tenencia de estupefacientes para comercialización agravada.

También resultaron condenados otros efectivos de Quilmes: los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco con 14 años y 6 meses, y la sargenta Tamara Silvina Machuca con 11 años.

En la delegación San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty fue condenado a 17 años como organizador de la asociación ilícita. El sargento Santiago Ignacio Cabré y el teniente Mario Alberto de Armas recibieron penas de 14 y 12 años respectivamente.

La investigación también desenmascaró un patrón de extorsión en otras causas conexas, donde los policías exigían dinero a investigados por narcotráfico para evitar imputaciones y armaban expedientes judiciales con complicidad de funcionarios del sistema penal.

Dos abogados, Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli, fueron condenados con penas en suspenso e inhabilitación para ejercer la profesión por haber integrado la asociación delictiva. El tribunal absolvió a seis imputados y ordenó profundizar investigaciones sobre otros responsables.