El Tribunal Constitucional español rechazó este martes intervenir en la polémica sobre la "ley de nietos", una normativa de 2022 que permitió la nacionalización acelerada de descendientes de españoles exiliados. La decisión deja en suspenso el derecho al voto de aproximadamente 163.000 personas que querían participar en los comicios del 29 de noviembre.

El rechazo a admitir el recurso fue mayoritario: 10 votos en contra y 2 a favor. El Constitucional argumentó que aún hay trámites pendientes en la justicia ordinaria, por lo que no es momento de intervenir. El Tribunal Supremo había dado un plazo hasta este jueves para que los afectados presenten alegaciones sobre la suspensión cautelar de sus inscripciones en el censo electoral.

La tensión comenzó en septiembre, cuando el TS dejó temporalmente fuera del padrón a quienes se nacionalizaron por esta vía. La medida fue impulsada por grupos como Iustitia Europa y el partido Vox, que cuestionaban la presunción automática de exilio: el Gobierno español consideró exiliados a todos los que salieron de España entre 1936 y 1955, sin exigir documentación individual.

El Ejecutivo respaldó la resolución del Constitucional, recordando que los canales judiciales aún están abiertos y que la decisión no cierra el debate de fondo sobre la ley.