La justicia federal avanzó con nuevas medidas sobre el patrimonio de Cristina Kirchner y otros condenados en la Causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 dispuso embargos preventivos sobre 144 bienes, entre ellos el departamento de San José 1111 en Buenos Aires donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria.

El inmueble pertenece a Los Sauces S.A., la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner. Forma parte de los activos que el tribunal busca asegurar para garantizar el pago de los 685 mil millones de pesos fijados como monto a decomisar.

El tribunal aclaró que estos embargos no implican una venta inmediata de los bienes ni cambian por ahora su inscripción registral. Sin embargo, quedó abierta la pregunta sobre si Kirchner deberá mudarse a otro domicilio mientras continúa cumpliendo su condena.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso explicaron que las medidas buscan garantizar que los activos no se dispongan mientras se determina el decomiso definitivo. En una primera etapa, el tribunal había apuntado a 111 propiedades: 20 vinculadas a los Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y otros seis bienes de los restantes condenados.

En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese criterio y ordenó avanzar. Pero Kirchner y Báez recurrieron, así que la decisión final quedó en manos de la Corte Suprema.

Mientras la Corte analiza esos planteos, el tribunal decidió avanzar sobre este segundo conjunto de 144 bienes entre inmuebles, vehículos y participaciones en empresas. También incluyó cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia.

El tribunal justificó incluir bienes de Máximo y Florencia Kirchner porque la sentencia determinó que el fraude en obras públicas produjo beneficios económicos directos para Báez e indirectos para la familia. Entre 2003 y 2015, las empresas de Báez alquilaron, explotaron turísticamente e hicieron construcciones en hoteles y propiedades de los Kirchner a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

Para el tribunal, esa operatoria permitió que dinero del delito circulara y quedara registrado en activos de esas sociedades. Por eso considera que pueden ser decomisados todos los bienes que los nueve condenados incorporaron entre 2003 y 2015.