El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un argumento legal para proteger a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez en un juicio civil donde se busca cobrar una indemnización de 314 millones de dólares.

Washington sostuvo ante una corte federal que Rodríguez goza de inmunidad como jefa de Estado y, por lo tanto, no puede ser obligada a responder personalmente por el pago de esa compensación.

La sentencia original fue dictada por un juez en Miami a favor de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, tres ciudadanos estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela. Los hombres denunciaron haber sufrido abusos físicos y psicológicos durante su detención, y aseguran que fueron utilizados como herramientas de presión política en las negociaciones entre Caracas y Washington.

Los tres fueron liberados en 2023 en un intercambio de prisioneros que incluyó al empresario venezolano Alex Saab. La demanda también apuntaba contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen.

Rodríguez había quedado fuera de la sentencia inicial precisamente por esta cuestión de inmunidad que ahora defiende el gobierno de Washington. La intervención judicial estadounidense marca un nuevo giro en las relaciones entre ambos países, atravesadas por cambios en la política hacia Venezuela y por procesos legales sobre violaciones de derechos humanos.