Una legisladora de La Libertad Avanza por Mendoza presentó un proyecto de resolución en Diputados para sancionar a parlamentarios que recurran a insultos, expresiones ofensivas o degradantes durante las sesiones.
La iniciativa propone descontar un mes de salario en caso de conductas injuriosas. Si el diputado reincide, o si hay amenazas, intimidación o agresión física, la sanción se duplicaría a dos meses sin percibir sueldo.
En los fundamentos del proyecto se subraya que la crítica política es parte del debate democrático legítimo, pero que los insultos personales no tienen lugar en el Congreso. La propuesta resguarda específicamente las opiniones, críticas y juicios de valor bajo protección de la libertad de expresión parlamentaria, diferenciando esto de los agravios.
La legisladora mendocina señaló que "la sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones", y consideró que recuperar credibilidad en los poderes legislativos requiere ejemplaridad, respeto y tolerancia entre los representantes.
