La Corte Penal Internacional atraviesa una crisis institucional sin precedentes tras la destitución inmediata de Karim Khan, su fiscal general. Una funcionaria del tribunal presentó una denuncia formal por agresión sexual ocurrida en contexto laboral, lo que activó procedimientos disciplinarios que derivaron en su remoción del cargo.

La Asamblea de Estados Parte, órgano de supervisión de la CPI, optó por la destitución directa en lugar de una suspensión temporal. Según reportes internacionales, esta decisión buscó evitar que Khan permaneciera en funciones mientras avanzaba la investigación y se debió a la gravedad de los hechos denunciados.

El caso fue evaluado por el Comité de Ética de la corte. Medios europeos como Le Monde y Der Spiegel reportaron que hubo intensas negociaciones diplomáticas entre países: algunos defendían la presunción de inocencia, mientras otros advertían que mantenerlo en el cargo habría dañado la credibilidad de la institución, especialmente considerando que la CPI tramita investigaciones de alto perfil sobre Rusia, Israel y Hamas.

Khan, elegido en 2021 para un mandato de nueve años, había impulsado investigaciones con fuerte impacto político, incluyendo las relacionadas con Ucrania y Palestina. Su salida obliga ahora a activar mecanismos de sucesión extraordinarios: probablemente se designará un fiscal interino mientras la Asamblea busca cubridor la vacante.

La destitución tiene implicancias regionales. En América Latina, donde varios países siguen las acciones de la CPI sobre violaciones de derechos humanos, el cambio de liderazgo podría reconfigurar las prioridades internas y afectar el ritmo de expedientes abiertos sobre Venezuela, Colombia y Centroamérica.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional celebraron la rapidez del procedimiento, pero advirtieron que el caso no debe ser utilizado por gobiernos críticos del tribunal para desacreditarlo ni para justificar intentos de recortar su independencia.