La Cámara de Diputados sancionó un proyecto que tipifica el vandalismo rural como delito penal, con penas que van desde un mes hasta 10 años de cárcel según la gravedad de los hechos.
La iniciativa obtuvo 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención. El proyecto incorpora figuras legales inexistentes en el Código Penal de 1921, como ataques a silobolsas, sistemas de riego, bombas sumergibles y equipos solares utilizados en explotaciones agropecuarias.
Las penas varían según el daño: ingresar sin permiso a un campo implica de uno a doce meses; si obstruye la actividad productiva o pone en riesgo vidas, sube a dos años. Destruir silobolsas o productos en proceso productivo conlleva dos a ocho años más multa de tres a doce veces el valor del daño.
La pena máxima de 10 años se aplica cuando el delito es cometido por tres o más personas coordinadas y provoca la pérdida total de la cosecha o impide la continuidad del ciclo productivo.
El proyecto fue respaldado por Libertad Avanza, PRO, UCR, Argentina Federal y bloques provinciales. La izquierda, Unión por la Patria y otros sectores votaron en contra, argumentando que la iniciativa favorece a grandes corporaciones agroindustriales.
El diputado macrista Martín Ardohain sostuvo que el proyecto "cubre vacíos legales fundamentales" y que protege infraestructura que antes no estaba contemplada. Legisladores de otras fuerzas políticas señalaron que la medida resguarda las fuentes de trabajo en el interior del país vinculadas a la producción rural.
