Un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló cifras alarmantes sobre el sistema de control de magistrados en Argentina. De las 5.170 denuncias que el Consejo de la Magistratura recibió entre 1999 y agosto de 2024, apenas 64 terminaron en una sanción o remoción.

El informe, titulado "¿Justicia intocable?", señala que 4.910 denuncias fueron cerradas sin llegar a resolución. Entre ellas, 3.700 fueron desestimadas directamente, 633 se cerraron sin motivo documentado, y 469 caduc por el paso del tiempo sin ni siquiera ser investigadas.

Según los datos, de los 64 casos que sí avanzaron: 43 recibieron sanciones por abuso de autoridad, violencia laboral, demoras excesivas en sentencias u otros actos irregulares. Los 21 restantes terminaron en remoción del cargo.

La ACIJ advierte que aunque la ley obliga al Consejo a publicar los expedientes contra jueces y juezas, en la práctica difunde muy poca información y no permite que se siga el avance de las investigaciones. "Esto debilita la capacidad de la ciudadanía para exigir rendición de cuentas", denuncian desde la organización.

Otro problema identificado: cualquier persona puede presentar una denuncia, pero luego no puede participar en el proceso para consultar si avanzó, aportar pruebas o impulsar la investigación.

En Argentina, los jueces pueden ser removidos por dos motivos: mal desempeño o comisión de delitos. Aunque esta regulación busca garantizar la independencia judicial, organismos de derechos humanos señalan que en muchos casos funciona como garantía de impunidad.