La Corte Suprema de Justicia aprobó una medida que standardizará los criterios para evaluar la salud de detenidos y decidir sobre la prisión domiciliaria. A través de la Acordada 21/2026 firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, encargó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo médico que analice las condiciones de salud de los internos penitenciarios.

El objetivo de la resolución es sistematizar los criterios para que los jueces tengan mejores elementos al momento de decidir sobre la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud. El protocolo incluirá un examen médico general de cada detenido y una verificación de las condiciones concretas de detención y las posibilidades de tratamiento dentro del establecimiento.

La medida podría beneficiar a represores detenidos por delitos de lesa humanidad que buscan acceso a la prisión domiciliaria. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 519 personas investigadas en causas por violaciones de derechos humanos. De ellas, 440 ya cuentan con arresto domiciliario, mientras que 18 se encuentran en servicio penitenciario y 61 están en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo.

Entre los represores que permanecen en cárceles se encuentran figuras como Alfredo Astiz, conocido como "Ángel de la Muerte"; Jorge Eduardo "El Tigre" Acosta; y Christian Federico von Wernich, entre otros.