El máximo tribunal de Brasil decidió este miércoles extender las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia a todos los contextos, no solo dentro del ámbito doméstico o familiar.
Los diez magistrados votaron por unanimidad para que las disposiciones de seguridad —principalmente distancias obligatorias entre la víctima y el agresor denunciado— se apliquen a cualquier forma de violencia basada en el género, independientemente de dónde ocurra o la relación que mantenga la víctima con su agresor.
La decisión se fundamenta en la ley Maria da Penha, sancionada en 2006 y nombrada así por una activista brasileña que sufrió múltiples intentos de homicidio por parte de su pareja, quedando parapléjica como consecuencia.
Pese a dos décadas de aplicación de esta normativa, la situación en Brasil se ha deteriorado. Los femicidios aumentaron 14,5% en los últimos cinco años, llegando a 1.571 muertes en 2025, lo que equivale a más de cuatro asesinatos de mujeres por día.
Carmen Lúcia, única mujer integrante del Tribunal Supremo, expresó su preocupación durante la sesión: "Después de veinte años de la ley Maria da Penha, la situación ha empeorado".
El tema toma relevancia política en Brasil con las elecciones presidenciales de octubre a la vista, donde tanto el actual mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, como su rival conservador Flávio Bolsonaro, han prometido defender los derechos de las mujeres en sus campañas.
