Una ex funcionaria de la Administración Tributaria Entre Ríos (ATER), condenada por su participación en un esquema de compensaciones tributarias fraudulentas, presentó una denuncia penal contra el ex director ejecutivo Marcelo Casaretto y otros cinco ex funcionarios de esa gestión.

María Estrella Martínez de Yankelevich, quien se desempeñaba como jefa del Departamento Despacho, reconoció su propia responsabilidad en los hechos, pero ahora sostiene que una operación de semejante magnitud no pudo haberse realizado únicamente desde su nivel administrativo. Según su denuncia, debió contar con la aprobación explícita de los máximos responsables de la institución.

Los otros imputados en esta nueva presentación son Damián Alcides Zoff (ex director de Impuestos), César Del Castillo (ex director de Fiscalización Tributaria), Germán Gietz (ex director de Informática), Federico Borra (ex director Jurídico) y Manuel Valiero (ex director de Interior).

El fraude investigado abarcó operaciones realizadas entre 2004 y 2014. El esquema consistía en registrar información falsa en el sistema tributario para hacer aparecer a determinados contribuyentes como acreedores del Estado mediante créditos inexistentes. Esos créditos ficticios se usaban para cancelar deudas impositivas reales sin que el dinero llegara a las arcas provinciales.

El perjuicio acumulado durante esos diez años alcanzó aproximadamente $46 millones a valores nominales de la época: unos $8 millones entre 2004 y 2007; $20 millones entre 2008 y 2011; y más de $18 millones entre 2012 y 2014.

En diciembre de 2017, la Justicia resolvió la situación de 180 imputados. El 21 de agosto pasado, el tribunal dictó sentencia y condenó a Martínez de Yankelevich y a Abelardo Daniel Gaggión, entre otros. Pocos días después, la ex jefa de Despacho volvió ante la Justicia con su nueva acusación contra quienes ocupaban los niveles superiores de conducción de ATER.

En su presentación, Martínez de Yankelevich afirma que jamás habría podido realizar las maniobras sin la aprobación y consentimiento expreso y claro del ex administrador Casaretto y de las máximas autoridades, sugiriendo que existía conocimiento y participación en los procedimientos mediante los cuales los expedientes y resoluciones llegaban hasta el personal que finalmente registraba las operaciones.