Ricardo Ascárate dejó su puesto como interventor del Ente de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) tras una batalla administrativa interna con la subinterventora Ingrid Lausberg, quien le acusó de actuar fuera de sus competencias.

La tensión escaló cuando Lausberg cuestionó una solicitud de Ascárate a Recursos Humanos sobre la situación laboral de trece agentes, considerando que el trámite excedía sus atribuciones. En documentos administrativos, la funcionaria planteó posibles irregularidades en el manejo del poder, aunque no se formalizó una denuncia penal ni una condena.

El conflicto se reflejó en el ente responsable de fiscalizar electricidad y agua en la provincia, donde los trabajadores también denunciaron hostigamiento y demoras en pagos. El gremio llegó a paralizar actividades.

Eduardo "Lalo" Cobos asumirá como nuevo interventor del organismo, confirmó el gobernador Osvaldo Jaldo. La crisis subraya los problemas de coordinación que enfrentó la estructura administrativa que el Ejecutivo provincial diseñó hace apenas tres meses.