El dinero se agota cada vez más rápido en los hogares argentinos. Según un relevamiento de Zentrix Consultora, 66% de la población se queda sin fondos el 20 de mes como máximo, lo que fuerza a millones de familias a recurrir al crédito solo para comer y pagar servicios básicos.

La situación varía drásticamente por grupo etario y nivel de ingresos. Ocho de cada diez personas de la clase baja no llegan ni siquiera al día 20, mientras que entre menores de 40 años, el porcentaje alcanza el 72%. En contraste, apenas el 34% de todos los hogares logra cubrir el mes completo sin urgencias.

La capacidad de ahorro es prácticamente nula. Solo el 9,8% de los argentinos consigue apartar dinero cada mes. Entre los jóvenes menores de 40 años, este guarismo baja al 3%, reflejando una fragilidad económica extrema en ese segmento.

El crédito dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en mecanismo de subsistencia. En el último semestre, el 56,2% de la población se endeudó. De quienes pidieron crédito, el 55,1% lo destinó a comprar alimentos y cubrir gastos médicos, mientras que el 21,3% debió usarlo para pagar servicios e impuestos. Solo el 11,8% accedió a deuda para adquirir bienes durables.

La clase media también sufre con intensidad: el 51,4% agasta sus recursos antes de mes vencido. Además, este sector muestra la proporción más alta de endeudamiento para servicios públicos: el 29% de sus créditos se destinan a tarifas.

La inflación agobia la percepción de ingresos. El 81,8% de los encuestados sostiene que sus salarios no le ganan a la inflación, y ese guarismo se ha mantenido por encima del 81% desde marzo pasado.

La deuda se convierte en un riesgo estructural: muchas familias financian los gastos de este mes con el presupuesto del próximo, generando un ciclo de morosidad creciente. Desde julio, más del 69% de menores de 40 años evalúa negativamente la situación económica del país.

Ante este escenario, el 67% de los argentinos reclama intervención estatal. Sin embargo, no apuestan por condonaciones: el 61,3% prefiere un marco regulatorio claro que limite y controle los créditos al consumidor.