El Gobierno argentino presentó su apuesta final ante la justicia estadounidense para intentar evitar el pago de más de US$ 390 millones ordenado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. El litigio que atraviesa más de una década entró en su fase más crítica después de que la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmara en julio la condena completa, incluyendo intereses y costos legales.
El conflicto arrancó con un laudo del CIADI en 2017 que condenó a la Argentina a pagar US$ 321 millones más intereses al grupo español Marsans por la reestatización de la aerolínea durante el kirchnerismo. Con el tiempo, esos derechos pasaron de mano en mano hasta llegar a Titan Consortium, que hoy reclama el monto total de US$ 390,9 millones con intereses acumulados desde diciembre de 2024.
La Procuración del Tesoro, conducida por Sebastián Amerio, decidió presentar un pedido de revisión ante la misma Cámara de Apelaciones para reexaminar aspectos de plazo y procedimiento. La intención es mantener viva la discusión judicial y evitar que Titan avance sobre activos argentinos en Estados Unidos.
El equipo legal del Gobierno trabaja en alternativas procesales para ganar tiempo, sin incluir de momento un pedido explícito de suspensión inmediata de la sentencia. La estrategia replica la lógica que permitió frenar una condena de US$ 18.000 millones en el caso YPF ante tribunales neoyorquinos.
Más allá de lo judicial, el caso reabre el debate sobre el costo real de las reestatizaciones decididas durante gobiernos anteriores. Los analistas estiman que entre pérdidas operativas y condenas en cortes internacionales, el Estado ha enfrentado decenas de miles de millones de dólares en consecuencias financieras.
