El sector de las apuestas online se mueve en el Congreso para evitar que la regulación que debate el Senado termine por endurecer las condiciones para las empresas habilitadas. Su estrategia es simple: canalizar la respuesta estatal contra los operadores ilegales, no contra quienes ya tienen licencia.

La tensión es clara. Por un lado está el proyecto del Ejecutivo, enviado en mayo, que apunta principalmente a castigar las plataformas sin autorización con penas de tres a seis años de cárcel para quienes las exploten, además del bloqueo de dominios y restricciones financieras. Por el otro, la media sanción que Diputados aprobó en 2024 suma exigencias mucho más amplias: límites a la publicidad, prohibiciones de patrocinio deportivo, sistemas de verificación de identidad y mecanismos de autoexclusión para jugadores.

Desde el oficialismo advierten que la informalidad domina el mercado —mencionan cifras cercanas al 85% de la actividad en canales ilegales— y que resulta muy complejo hacer cumplir una normativa sobre actores sin licencia. Las empresas habilitadas usan ese argumento para sostener que más restricciones a su operación no resuelven el problema.

En el Gobierno se concentran en proteger a menores de edad, limitando la publicidad dirigida a ese público. No contemplan, en cambio, una prohibición general de anuncios ni de patrocinios en el deporte, a diferencia de lo que impulsa Diputados.

La pelea también resuena en Buenos Aires. Legisladores de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, presentaron un proyecto más agresivo: eliminar bonos de bienvenida, cobrar un gravamen del 100% sobre el gasto publicitario de las casas de apuestas para destinar a salud mental, y aportes sobre los premios para financiar clubes e instituciones sociales.