La Legislatura bonaerense aprobó una ley que incorpora a más de 400 excombatientes de la guerra de 1982 a un régimen previsional especial, cerrando una deuda que el Estado mantenía con aquellos que debieron abandonar sus carreras militares por secuelas físicas o psicológicas.
La iniciativa, convertida en ley con 66 votos a favor y sin opositores, beneficia a veteranos que solicitaron la baja o el retiro entre 1983 y 1985, así como a quienes no continuaron en la administración pública provincial después del conflicto.
El haber jubilatorio equivale al 80% de la mejor remuneración percibida en la administración pública de Buenos Aires, más la totalidad de los subsidios mensuales vigentes. Para acceder al beneficio es necesario acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social.
El proyecto, elaborado por senadores de Unión por la Patria, recibió modificaciones importantes tras críticas del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas. El texto final incluye cláusulas que impiden el acceso a personas condenadas por delitos de lesa humanidad o militares sancionados por incumplimientos durante la guerra.
La aprobación fue unánime, con apoyo de la oposición. El diputado Juanes Osaba destacó que se trata de "una reparación histórica que el país entero le debe a quienes sacrificaron su salud por la patria".
