La justicia venezolana cerró definitivamente el caso de María Lourdes Afiuni, la jueza que fue detenida en diciembre de 2009 por otorgar libertad bajo fianza a un banquero. El tribunal le restituye la libertad plena, según anunciaron su familia y su representante legal.

El entonces presidente Hugo Chávez pidió públicamente la pena máxima de 30 años de prisión contra Afiuni, argumentando que había facilitado la fuga del empresario. La magistrada pasó dos años en prisión, entre 2009 y 2011, cuando le concedieron arresto domiciliario. Luego obtuvo libertad condicional en 2013.

A pesar de ese beneficio, Afiuni siguió bajo restricciones severas: no podía salir de la ciudad, le estaba prohibido hablar con medios de comunicación o en redes sociales, no podía votar, y seguía inhabilitada políticamente sin acceso a pasaporte.

En 2019, un tribunal la condenó a cinco años de prisión por "corrupción espiritual", un cargo que la propia fiscalía reconoció no tenía base: admitió que Afiuni nunca había obtenido beneficio económico alguno.

La familia consideró que el cierre del caso marca el fin de una persecución que se convirtió en símbolo del deterioro de la independencia judicial en Venezuela. Señalaron que durante años tanto ella como su entorno sufrieron las consecuencias de ser una jueza que decidió con independencia e imparcialidad.

Aunque celebran el cierre formal, sus allegados aclararon que el fallo no borra el sufrimiento vivido ni repara los daños ocasionados. Ven en este proceso una advertencia para toda la región sobre los peligros de usar la justicia como instrumento de represalia contra jueces que cumplen con su deber sin intimidación.