La intervención de la Unión Obrera Metalúrgica suspendió desde el 15 de agosto el acuerdo que mantenía con la empresa USEM S.A. para administrar fondos sindicales. La decisión fue tomada por el interventor Alberto Biglieri con respaldo de la Justicia, en el marco de una investigación federal sobre el manejo de recursos del gremio.

El contrato, firmado en 2023 durante la gestión de Abel Furlán, permitía que USEM administrara el 80% de los aportes de aproximadamente 200.000 afiliados. Según los datos de la causa, la empresa cobraba una comisión del 0,5% mensual sobre fondos que superaban los 100 millones de pesos.

La empresa tenía facultades para operar cuentas bancarias, ejecutar pagos y manejar la administración contable de los recursos sindicales. Sin embargo, con el cambio de conducción de la UOM, el acuerdo quedó bajo la lupa de la Justicia por presuntas irregularidades en su administración.

Entre los investigados figura María Soledad Calle, una de las accionistas de USEM y dirigente política vinculada a La Cámpora. Calle había participado en la creación de la empresa y desempeñó funciones dentro de la estructura de la UOM durante la anterior dirección.

El expediente está a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien analiza si hubo delitos en el manejo de los fondos sindicales. La medida de suspender el contrato fue catalogada como preventiva y de conservación patrimonial.