El Gobierno de Osvaldo Jaldo contradijo su promesa pública: después de asegurar que respetaría una sentencia que le ordenaba cerrar la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) en 60 días, presentó un recurso para anularla.

La Justicia tucumana había dictaminado el 10 de agosto que la conducción extraordinaria del IPLA, vigente desde julio de 2000, había desnaturalizado lo que debería ser una medida temporal. La ley provincial establece que la intervención no puede extenderse más allá de 60 días y que el organismo debe dirigirse por un presidente y dos vocales designados con acuerdo de la Legislatura.

Sin embargo, la Fiscalía de Estado presentó el 24 de agosto un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que revoque los puntos centrales de la sentencia. El planteo busca que se rechace la orden de cesar la intervención y la obligación de conformar el Directorio previsto por ley.

Los argumentos de la defensa provincial cuestionan que los demandantes —propietarios de salones de fiestas— hayan probado un perjuicio personal. También sostienen que, aunque la Cámara podía revisar la legalidad de las prórrogas, no tenía facultad para imponer una solución específica al Ejecutivo ni establecer un cronograma. Para la administración, además, la integración del Directorio requiere acuerdo de la Legislatura, que fue excluida del proceso.

El timing del conflicto refuerza las contradicciones. Jaldo firmó el 4 de agosto un decreto prorrogando otros 60 días la intervención, antes de que la sentencia se conociera públicamente. Luego aseguró que acataría la decisión judicial. Pero el análisis posterior por parte de la Fiscalía desembocó en la apelación.

Aunque recurrir es un derecho procesal legítimo, la brecha entre el compromiso público del gobernador y la decisión posterior de impugnar la orden central deja un costo político claro: mientras la provincia apela, la intervención de 26 años sigue adelante sin resolución definitiva.