El gobierno de Tucumán llegó al límite de sus reservas financieras. Después de agotar el Fondo Anticíclico —el dinero que las provincias guardan para emergencias—, la administración de Osvaldo Jaldo ahora recurre a refinanciaciones de deuda para sostener gastos básicos como salarios y funcionamiento del Estado.

La provincia acumula una deuda de $153.000 millones, de los cuales casi $80.000 millones provienen del Banco Macro. A eso se suma una asistencia de $55.190 millones del Banco Nación, utilizada para pagar compromisos con fondos federales ya disueltos. También mantiene alrededor de $10.000 millones en títulos públicos.

Aunque el ministro de Economía, Daniel Abad, sostiene que el nivel de endeudamiento es manejable —representa el 3% del presupuesto provincial—, los números muestran otra realidad. Numerosas áreas del gobierno sufrieron recortes cercanos al 20%, y la inversión en infraestructura cayó a apenas el 2,3% del gasto ejecutado.

La estrategia de roll over —renovar deudas y extender vencimientos— permite que la provincia continúe pagando salarios sin tocar fondos de coparticipación. Pero es un mecanismo que expone la tensión: el Ejecutivo afirma que la deuda es baja en comparación con el presupuesto, sin embargo admite que agotó sus ahorros y necesita endeudarse para gastos cotidianos.

Un análisis de los primeros cuatro meses de 2026 ya había mostrado una caída real de ingresos y una estructura de gastos casi completamente concentrada en erogaciones corrientes, dejando poco margen para obras públicas o inversión productiva.