La jueza Marta Elba Pascual decidió frenar la aplicación de la nueva ley de régimen penal juvenil en Buenos Aires durante dos meses. La decisión desató una reacción inmediata de La Libertad Avanza bonaerense, que anuncia un juicio político contra la magistrada.

Desde el bloque libertario consideran que la suspensión va contra una norma votada por el Congreso Nacional. Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia, acusó a la jueza de actuar con criterios políticos y aseguró que la medida "profundiza la impunidad" en la provincia.

"Es una jueza que piensa exclusivamente en los intereses de la política bonaerense, intentando frenar una ley votada democráticamente", expresó Pareja, quien adelantó que trabajarán en los mecanismos legales para removerla del cargo.

La nueva ley penal juvenil fue sancionada por el Congreso Nacional como respuesta a la demanda de sectores que reclaman mayor seguridad. El gobernador Axel Kicillof no se ha pronunciado públicamente sobre la medida judicial.

Otros referentes libertarios se sumaron a los cuestionamientos: Carlos Curestis, presidente del bloque de senadores libertarios, afirmó que la decisión "deja en claro de qué lado están" las autoridades judiciales bonaerenses, mientras que Juan Osaba, jefe del bloque de diputados provinciales de LLA, calificó el fallo como "inadmisible".