La provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis de autoridad tras el rechazo de los policías autoconvocados a la oferta salarial del Gobierno de Claudio Vidal. A pesar del aumento dispuesto por el Ejecutivo, los efectivos mantienen acampes y movilizaciones en demanda de mejores condiciones laborales.

Los uniformados reclaman una recomposición más profunda del salario inicial, que llegue a $2,2 millones. El Gobierno intenta presentar el aumento como cierre de la discusión, pero la calle muestra otra realidad: carpas de protesta, manifestaciones activas y una presión pública que cuestiona el discurso oficial de orden.

El conflicto trasciende lo meramente salarial. Cuando la Policía protesta, la cuestión deja de ser solo paritaria para convertirse en síntoma de fragilidad en la seguridad provincial. En una región extensa, con localidades dispersas y rutas largas, una fuerza en conflicto permanente genera interrogantes sobre cobertura territorial y funcionamiento cotidiano de los servicios de prevención.

Los uniformados discuten salario, sí, pero también reconocimiento de su tarea, composición del sueldo y la distancia entre lo que cobran y el costo de vida en Santa Cruz. El malestar persiste pese a los intentos de contención desde la administración provincial.

Para Vidal, la foto es políticamente delicada: una fuerza que debería estar abocada a prevenir delitos aparece acampando contra el propio Gobierno. El gobernador llegó al poder prometiendo orden y gestión eficiente, pero ahora enfrenta una protesta que amenaza convertirse en símbolo de desgaste en su mandato.

La crisis puede encontrar salida salarial, pero el daño político ya quedó instalado. La pregunta que queda abierta en Santa Cruz es mucho más grave que una negociación paritaria: quién conduce realmente la seguridad provincial.