Un tribunal de San Luis confirmó que el gobierno provincial debe reparar los salarios de dos magistradas que sufrieron pérdida de ingresos por inflación. La Cámara de Apelaciones dictaminó el 16 de octubre que hubo deterioro sostenido de las remuneraciones, lo que viola garantías constitucionales sobre la independencia del Poder Judicial.

El fallo ordena que la compensación sea efectiva desde febrero de 2024. Aunque la primera instancia había reconocido el derecho desde noviembre, la Cámara ajustó esa fecha al revisar los recibos de haberes y la evolución del costo de vida presentados como prueba.

La provincia argumentó restricciones presupuestarias, pero los jueces entendieron que esas dificultades económicas no justifican ignorar la protección constitucional sobre salarios judiciales. El artículo 192 de la Constitución de San Luis establece que las remuneraciones de magistrados no pueden reducirse, salvo por descuentos previsionales.

El tribunal excluyó a tres secretarias judiciales del reconocimiento específico otorgado a las juezas, aunque ellas también habían presentado demandas por el mismo concepto. La decisión no estableció una cifra fija ni porcentaje de aumento general para todo el personal judicial.

Por los costos del proceso, el Estado provincial deberá pagar el 80% de las costas de apelación, mientras que las demandantes cubren el 20% restante.