Intendentes, legisladores opositores y referentes del sector vial denunciaron ante la Cámara de Diputados que se retienen aproximadamente 1 billón de pesos destinados al mantenimiento de rutas nacionales. Los fondos que deberían ir a las carreteras se originan en la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
La reunión de la comisión de Obras Públicas, realizada en Buenos Aires, contó con la ausencia de representantes del Gobierno. Durante el encuentro, la diputada Victoria Tolosa Paz presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para que el ministro de Economía, Luis Caputo, y las autoridades de Vialidad Nacional expliquen el destino de esos recursos.
Según datos presentados, de los 3,84 billones de pesos recaudados por el impuesto a combustibles, la ejecución real apenas alcanzó el 2,59%. Patricia Mazzitelli, representante de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, indicó que ese monto retenido permitiría recuperar entre 20.000 y 25.000 kilómetros de calzada o construir más de 2.000 kilómetros nuevos.
El ajuste presupuestario aplicado en mayo redujo los fondos de Vialidad de 396.000 millones a 296.000 millones de pesos. También se registraron 3.300 despidos de profesionales y técnicos del organismo.
Mazzitelli advirtió que la falta de mantenimiento de rutas aumenta la siniestralidad vial: el 65% de los accidentes fatales ocurren en tramos con severos desperfectos. Silvia González, de la organización Estrellas Amarillas, denunció que además se cortó la asistencia a víctimas de accidentes y que no hay publicaciones de estadísticas oficiales desde 2022.
Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, acusó al Gobierno de usar los fondos recaudados para "financiar la timba pública" en lugar de invertir en la reparación de carreteras. Señaló que la actual gestión sería la primera en no inaugurar obras viales.
